La informalidad es uno de los flagelos que están golpeando fuertemente el desarrollo de Bogotá. En materia de vivienda y teniendo en cuenta las unidades que se construyen anualmente, el 44 por ciento de la población que es objeto del segmento social se ve en la necesidad de solucionar el techo para su hogar en la informalidad. Preocupa este panorama que va en contra de los propósitos de desarrollo sostenible y del compromiso con los ODS que ha adquirido Colombia, puesto que limita el acceso a las fuentes de bienestar, no genera condiciones de seguridad ni de habitabilidad y tampoco permite la oportuna y adecuada protección de los elementos ambientales.
Preocupa aún más el escenario que se está dando en Bogotá, donde todo el incentivo lo recibe la informalidad. El nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) impone unas cargas excesivas a la actividad formal, dificultando la oferta de vivienda. Por otra parte, debido a la falta de reglamentación de este POT, hoy la ciudad no cuenta con una norma clara con la cual trabajar y planear nuevos proyectos urbanos. A la fecha aún falta por lograr más de 70 reglamentaciones que inciden en el licenciamiento, y los curadores urbanos no han podido emitir una licencia bajo la norma de ordenamiento vigente que le dé continuidad al dinamismo del sector y al desarrollo formal de la ciudad. Este panorama hace que los hogares que demandan vivienda sean expulsados a buscar soluciones en los municipios vecinos y, peor aún, en la informalidad.
Cuando la Administración Distrital decretó el nuevo POT anunció un cronograma para trabajar en la reglamentación de la norma y se comprometió a hacer los ajustes y las mejoras necesarias en los temas que no tenían total claridad técnica. Dos promesas que hasta hoy no se han materializado, pues no se han cumplido los tiempos y no se ha avanzado en la reglamentación ni en los ajustes de una norma vigente desde hace ya cinco meses.
Nuestro llamado respetuoso es para que se avance lo más pronto posible en la reglamentación pendiente y así poder entender las verdaderas dimensiones y apuestas de este POT. Además, seguimos insistiendo en la necesidad de contar con un régimen de transición, y para eso queremos pedir a la propia alcaldesa que, de ser necesario, solicite al Concejo de Bogotá una modificación excepcional a la norma que permita establecer ese periodo de adaptación en el que se puedan tramitar licencias, de manera que el futuro desarrollo de la ciudad no se detenga y el sector formal pueda cumplir con el compromiso de generar empleo, dinamismo económico y bienestar para los hogares bogotanos.
Por Alejandro Callejas Aristizábal
Gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca