- El pasado 9 de diciembre se venció el plazo que tenía el Concejo de Bogotá para pronunciarse positiva o negativamente acerca del Proyecto de Acuerdo 413 de 2021 por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (POT). Después de los 90 días que por ley se tienen para estudiarlo y pronunciarse, el Concejo de Bogotá no pudo iniciar el debate por diferentes recusaciones e impedimentos presentados. A continuación, les presentamos los escenarios que tiene la Alcaldía frente a este importante instrumento de ordenamiento de la ciudad.
Según el análisis realizado por Camacol B&C la alcaldesa tiene tres principales caminos frente al trámite que debe cursar el POT.
La primera opción es expedir el proyecto que radicó la Administración el 10 de septiembre del 2021 por Decreto. No obstante, el Gremio hizo un llamado para que esta opción no sea la que se tome, teniendo en cuenta que el documento tiene falencias técnicas, está incompleto y tiene propuestas incoherentes que no cumplen con lo que la ciudad necesita y la administración pretende desarrollar.
La segunda opción que tiene la Administración es emitir el POT por Decreto, pero incluyendo las recomendaciones de la ciudadanía, los concejales y los sectores económicos, escenario que se encuentra evaluando jurídicamente con su equipo.
Finalmente, la tercera opción y la que el Gremio considera es la mejor, es archivar el proyecto y volver a cursarlo el próximo año, con el objetivo de que se tome el tiempo de analizar y estudiar las recomendaciones de los diferentes actores de la ciudad y para que se pueda llegar a consensos que le garanticen a la ciudad tener un instrumento más eficaz.
Camacol B&C ha seguido de cerca este proceso durante todo 2021 y ha reiterado que el POT propone un modelo de ciudad que desconoce la realidad del territorio y no da respuesta a las necesidades de vivienda y servicios para los hogares, lo que hace que las familias tengan que buscar alternativas en los municipios aledaños o en la informalidad; una norma urbana que pone en riesgo la generación de vivienda social, que hace unas intervenciones innecesarias al mercado y propicia un escenario de inseguridad jurídica inconveniente para concretar los proyectos.
Al cierre de esta publicación la alcaldesa de Bogotá aún no se había pronunciado sobre el tema.
