- Hace cinco años el Consejo de Estado ordenó a todos los habitantes e industrias de los municipios que hacen parte de la cuenca del río Bogotá una serie de acciones para la recuperación del cuerpo hídrico. Las autoridades municipales, regionales y nacionales responsables recibieron órdenes expresas para realizar obras de infraestructura de alcantarillado y del tratamiento de aguas residuales.
Uno de los contaminantes de mayor impacto sobre el río Bogotá son las descargas de vertimientos domésticos e industriales que se realizan desde diferentes puntos de los 47 municipios en su recorrido desde Villapinzón hasta Girardot. Disminuir esta carga contaminante sobre el afluente hídrico, es una de las prioridades de la sentencia del 28 de marzo de 2014, y para conseguirlo se ordenó a los municipios mejorar la capacidad de las redes de acueducto y alcantarillado, así como optimizar sus sistemas de tratamiento de aguas residuales, y así dar una solución sostenible.
Las descargas de vertimientos domésticos e industriales son los contaminantes de mayor impacto sobre el río Bogotá
A pesar de tener un seguimiento permanente del Comité de Verificación de la sentencia, liderado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, los municipios no han cumplido a cabalidad con todas las obligaciones, situación que se agrava si se tienen en cuenta que se ha continuado con el proceso de urbanización y por ende con las descargas contaminantes al río Bogotá.
Como parte del seguimiento a las entidades territoriales, la Magistrada Nelly Yolanda Villamizar citó a 20 municipios a rendir informes sobre el cumplimiento de las órdenes. Además de los responsables del gobierno local, convocó a entidades del gobierno regional, nacional (CAR, MinVivienda, EPC, Procuraduría, Contraloría, entre otros). También citó a Camacol Bogotá y Cundinamarca para que informara sobre los proyectos que las empresas constructoras han desarrollado en cada municipio, principalmente en lo relacionado con renovación urbana, vías y parques.
Durante los meses de agosto y septiembre se realizaron las audiencias sobre Bogotá, Facatativá, Girardot, La Calera y Ricaurte, y otras cuatro fueron iniciadas y suspendidas: Cajicá, Chía, Funza y Sopó. En estos espacios la Magistrada indagó sobre algunos proyectos inmobiliarios, los nuevos desarrollos industriales y la viabilidad para otorgar disponibilidades de servicios públicos de acueducto y alcantarillado por parte de las empresas prestadoras en estos municipios.
Conozca aquí el estado completo de las audiencias.
Chía, un asunto por resolver
Un tema prioritario para el Gremio ha sido la orden de medida cautelar decretada para el municipio de Chía en la audiencia del 9 de agosto. Debido al incumplimiento de las órdenes de la sentencia, la magistrada Villamizar decidió la suspender las licencias de construcción y urbanismo en el sector Delicias de la vereda Samaria en este municipio, así como en los demás barrios que descarguen sus vertimientos de aguas residuales en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) I. Además, ordenó que las edificaciones y viviendas que se estuvieran construyendo en la zona no podían ser ocupadas hasta que no entrara en operación dicha planta.
Después de múltiples de solicitudes pidiendo el levantamiento de la medida cautelar por parte de entidades públicas, particulares afectados, empresas constructoras y el mismo municipio de Chía, la magistrada decidió, mediante auto del 27 de septiembre de 2019, modular la medida y levantar temporalmente los efectos de la suspensión por un término de dos meses, es decir hasta el 30 de noviembre próximo. Durante este tiempo el municipio de Chía, la CAR y las empresas constructoras que desarrollan proyectos en la zona deben suscribir un convenio en el que se establezcan los costos de los estudios, diseños y la construcción de una PTAR provisional para las nuevas edificaciones.
Camacol B&C ha participado en la interlocución con otros sectores productivos de la Sabana de Bogotá, lo que unido a la buena voluntad de las empresas constructoras permitirá hacer un frente común en la búsqueda de soluciones técnicas que respondan a las obligaciones de la sentencia y le den estabilidad a la actividad en la región.
