Estamos finalizando una de las etapas más frustrantes de la democracia en nuestra ciudad. La discusión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), una de las normas más importantes de la próxima década, ni siquiera logró darse en el seno del Concejo Distrital a pesar de contar con 90 días para hacerlo. La falta de claridad y liderazgo de algunos funcionarios sumada a las “jugaditas” y preocupaciones de varios conciudadanos hicieron que a punta de recusaciones y tutelas el tiempo se acabará y no se pudiera discutir.
Ahora la suerte de este proyecto está en manos de la alcaldesa, una decisión para la que existe una pirinola de opciones. Por un lado, podría decretar el proyecto que ella radicó en el Concejo. Desde nuestro punto de vista esta opción es aquella en la que todos pierden, pues se trata de un documento incompleto, débilmente estructurado, con propuestas incoherentes que no reflejan los objetivos ampliamente defendidos por la propia alcaldesa en los últimos meses.
Por otro lado, hay voces que reclaman que se adopte el documento conjunto que resultó de concertaciones con concejales ponentes. Esta opción es claramente mejor que la anterior, pues se reconocen y corrigen errores del primer documento y se incluyen ajustes producto de escuchar otros sectores y propuestas. Sin embargo, según expertos abogados y asesores es una propuesta débil jurídicamente por presentar vicios de forma (como si no tuviera ya problemas en ese sentido).
Según esta teoría, blindar jurídicamente el documento es suficiente motivo para dejar a la ciudad en manos de una propuesta normativa con problemas enormes en temas tan transcendentales para la ciudad como movilidad, vivienda y competitividad, por solo mencionar algunos de manera general.
Finalmente está la opción de retirar esta propuesta y con tranquilidad presentarla el otro año mejor estructurada y adecuadamente concertada. Esta alternativa, además de no representar una derrota política para la administración, es una muestra de grandeza y liderazgo que tanto le hace falta a nuestro país. A falta de una discusión adecuada en el Concejo y de las miles de solicitudes de ajustes de la ciudadanía, la administración recoge la propuesta, la mejora y la vuelve a presentar para ser debatida y adoptada como debe ser.
Como lo hemos dicho siempre el POT no puede verse como un resultado político de una administración, para eso está el plan de desarrollo. Por el contrario, esta es una norma que nos pertenece a todos, supera los tiempos políticos y requiere un mínimo de consenso alrededor de su contenido. El POT que se radicó en el Concejo no se lo merece Bogotá, sus ciudadanos ni su alcaldesa. Ella no puede ser recordada en la historia, entre tantas cosas buenas, como la persona que prohibió hacer viviendas de una sola habitación en Bogotá, o por adoptar una noma que no permite concretar la visión de ciudad que ella misma propone. Por favor, alcaldesa, no lo haga de esa manera, podemos hacerlo mejor
Por Alejandro Callejas Aristizábal, gerente Camacol B&C