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El POT debe ser el consenso de la visión de ciudad que tienen todos los ciudadanos

  • En la apertura del Seminario de Actividad Edificadora, el gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca, Alejandro Callejas Aristizábal, expuso temas relacionados con la planeación a mediano plazo y la coyuntura regional. El principal asunto que abordó fue el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Desde el gremio constructor se reiteró el llamado a tener en cuenta que el enfoque de sostenibilidad del POT no deber ser exclusivamente ambiental y por el contrario debe incluir las dimensiones de lo urbano, lo económico y lo social, para responder a las necesidades y dinámicas de todos los ciudadanos.

 

“Para que las ciudades sean inclusivas y de calidad, deben partir de una sostenibilidad urbana entendiendo que los hogares cada vez van a ser más. El segundo aspecto es la sostenibilidad económica y social en el que se le dé cabida a todos los sectores productivos y sociales. El tercero es el eje ambiental, el cual es transversal, porque no se puede pensar que el desarrollo urbano va en contra de la protección ambiental. Al contrario se convierte en una herramienta para velar por su protección”, puntualizó el gerente Callejas.

 

Asumiendo lo integral que es el concepto de la sostenibilidad, desde Camacol B&C se insiste en que la elaboración de un POT no debería considerar únicamente la visión de las autoridades gubernamentales o de los líderes políticos de turno, sino de todos los miembros de la sociedad.  Generalmente, en este tipo de circunstancias se tiende a polarizar la discusión cuando el objetivo debe ser encontrar mecanismos de consenso para generar una sola visión.

 

Entre las principales necesidades de Bogotá está habilitar y regular el precio del suelos, proteger el medio ambiente, apostarle a la renovación urbana y brindar seguridad jurídica. Sin embargo, desde el gremio se ha identificado que el actual POT propuesto no responde a estos requerimientos. “Entre las contradicciones del POT es que reduce el suelo de expansión, lo que aumentará los precios; expulsa a los municipios de la Sabana de Bogotá al no cumplir la meta de un millón de viviendas para atender las necesidades habitacionales; aumenta las cargas urbanísticas afectando la viabilidad de los proyectos; afecta la reactivación económica; hace una intervención indebida del mercado; y no brinda herramientas para enfrentar la informalidad y la urbanización ilegal en suelos rurales que llega a ser de 19 mil viviendas al año”, enfatizó Alejandro Callejas.

 

Finalmente, el aspecto de la seguridad jurídica que contempla el POT presentado no define un periodo de transición y adaptación normativa. Además, se generarían 30 nuevos trámites para el desarrollo urbanístico que no son claros sobre su aplicación y que demandarían la creación de nuevos conceptos para evitar los vacíos normativos. Además, el proyecto deroga más de 450 decretos, circulares y resoluciones y generar una necesidad de crear nuevos conceptos que quedarían a interpretación de la administración de turno.

 

Camacol B&C es consciente de la necesidad de crear una nueva hoja de ruta para el desarrollo urbano de Bogotá, pero insiste en se deben atender todas las necesidades de la ciudadanía. El POT delineará el rumbo de la ciudad de cara a las próximas décadas por lo que su construcción debe gestarse de manera conjunta entre todos los sectores de la sociedad. 

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